Consideran improcedente convocar Consejo Nacional de la Magistratura

Consejo magisatraSANTO DOMINGO. La solicitud que hizo el Centro Juan XXIII para que sea convocado el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a los fines de evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por los últimos fallos emitidos, provocó ayer el rechazo de juristas, quienes la calificaron de improcedente.

Los expertos en Derecho, Olivo Rodríguez Huertas y Román Jáquez Liranzo, coincidieron en señalar que existen mecanismos legales para revisar las decisiones judiciales.

Acorde a un comunicado público del Centro Juan XXIII, los recientes autos de no ha lugar dictados por jueces del Poder Judicial han generado pérdida de credibilidad y confianza, por lo que hacen un llamado para que sea convocado el CNM, para que evalúe el desempeño de los jueces de la SCJ, y tome las acciones necesarias.

Al ser cuestionado al respecto, Rodríguez Huertas aseguró que la petición formulada es un acto extremo e improcedente. “El Estado de Derecho consagra mecanismos para que las decisiones judiciales sean objeto de revisión a través del sistema de recursos”, apuntó.

A decir de Jáquez Liranzo, el requerimiento es extemporáneo e improcedente, y lo que procedería, en todo caso, sería conformar una mesa nacional de entendimiento y coordinación interinstitucional en donde los actores, no sólo del Poder Judicial, sino del sistema de justicia dominicano, conjuntamente con la sociedad civil se aboquen a un análisis de sus debilidades y fortalezas.

De acuerdo con la Constitución de la República en su artículo 181: “Los jueces de la Suprema Corte de Justicia estarán sujetos a la evaluación de su desempeño al término de siete años a partir de su elección, por el Consejo Nacional de la Magistratura. En los casos en que el Consejo Nacional de la Magistratura decidiere la pertinencia de separar un juez de su cargo, deberá sustentar su decisión en los motivos contenidos en la ley que rige la materia”.

El pedido Según el Centro Juan XXIII, la SCJ como cabeza y representante del Poder Judicial debe garantizar la imparcialidad y credibilidad de sus decisiones, apegadas siempre a la Constitución y las leyes.

En ese sentido, critica la última decisión del magistrado de la SCJ, Alejandro Moscoso Segarra, (del caso Félix Bautista), la cual dice ha reforzado la protección individual de personas acusadas de actos de corrupción administrativa y lavado de activos.

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