Presidente Corte alude poder de investigación antes que apresamientos sin pruebas

PUERTO PLATA.- El doctor Pedro Balbuena, presidente de la Corte de Apelación de este departamento, criticó los apresamientos que practican los policías, y que el Ministerio Público los lleve a juicio sin las debidas pruebas, por lo que tienen que ser liberados los acusados durante el juicio.
A continuación el discurso del magistrado presidente de la Corte de Apelación de Puerto Plata, en ocasión del Día del Poder Judicial:

Apenas iniciamos un nuevo año llenos de esperanza, y sobre todo, de optimismo con miras a mejorar  el servicio de justicia en esta provincia. Con energías renovadas para poner todo nuestro empeño para que ésta, nuestra justicia, sea más confiable, más respetuosa del derecho, y sobre todo, para que el acceso a la justicia sea posible a los más débiles y que podamos  seguir haciendo tránsito de una justicia formal, a una verdadera justicia sustancial, cada vez más protectora de los derechos de todos.
Es de justicia hacer reconocimiento público a todos los jueces que  integran este Departamento por la  labor rendida durante el año 2010,  con la esperanza de que en este año podamos mejorar la ya excelente labor llevada a cabo en el anterior.
De modo particular podemos decir con orgullo, que por sexta  vez la Corte de Apelación culmina el año sin dejar ni un solo asunto pendiente. Asimismo, el Tribunal  Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata dictó más de 300 sentencias con lo cual, nos atrevemos a asegurar, se coloca en una posición cimera a nivel nacional. Lo mismo puede afirmarse de la Cámara Penal, como tribunal unipersonal dictó más  230 sentencias al fondo. Otro tanto puede afirmarse del Juzgado de la Instrucción de este Distrito Judicial que llevó a cabo una labor extraordinaria y de la primera Cámara Civil y Comercial que sobrepasó las Mil sentencias dictadas.  Todo ello es indicativo del denuedo  conque los jueces de este Departamento Judicial cumplen con sus responsabilidades.
En este año que se inicia, se pondrá en funcionamiento el nuevo modelo de gestión penal. Las instalaciones correspondientes se encuentran listas y a la vista de todos en la segunda planta de este edificio. El personal que habrá de laborar en dicho despacho está sometido a entrenamiento desde hace algunas semanas. Lo importante de este despacho penal es que a partir de su puesta en funcionamiento, habrá una sola secretaría para toda la jurisdicción penal. Es decir, que todos los asuntos correspondientes a la materia penal se tramitarán por una única ventanilla. Con ello, los procedimientos burocráticos se abreviarán y el personal será utilizado con mayor eficiencia en esta materia, lo cual habrá de traducirse en una mejora significativa en el servicio que ofrecerá la justicia en el ámbito penal.
Otro aspecto a destacar es el relativo a las citaciones vía internet, que también forma parte de las nuevas herramientas que nos trae el despacho penal. En poco tiempo, la mayor parte de las citaciones serán recibidas por los intervinientes en el proceso penal, a través de las redes de internet, lo cual abaratará el costo de los procesos y dará mayor eficiencia a la administración de justicia, permitiendo una mayor celeridad en el conocimiento de los  procesos penales.  Todo lo anterior lo ha recibido este Departamento gracias a la generosidad de la honorable Suprema Corte de Justicia, que ha considerado que   la implementación de dicho sistema  será de gran beneficio  en este departamento. Ello constituye un reto que nos estimula a dar lo mejor de nosotros para que podamos alcanzar mayores niveles de eficiencia en cuanto a la justicia penal  se refiere.
Vivimos en una sociedad obsesionada por la justicia como institución. Desconfiamos y maldecimos de ella. Sin embargo, de ninguna otra institución esperamos tanto.
Cuando se incrementa la inseguridad ciudadana a causa del crimen, reclamamos la participación de la justicia y la imposición de penas ejemplarizadoras a quienes cometen estos crímenes.
Cuando los derechos fundamentales son vulnerados, aspiramos a que la justicia intervenga, restituyendo el disfrute del derecho y  castigando  a quien cometió el agravio.
Queremos jueces que nos protejan sin avasallarnos. Que sean intransigentemente rectos y que al mismo tiempo sean flexibles para comprender las circunstancias del caso concreto.
Aspiramos a que los procesos sean resueltos dentro de un plazo razonable, de manera tal que la parte más débil no salga vencida por la denegación de justicia que implica la  tardanza irrazonable del fallo.
Pretendemos que los jueces protejan a la sociedad completa y que al mismo tiempo sustenten la libertad individual. En fin, que promuevan la eficiencia del sistema y que a la vez protejan los derechos individuales de los que intervienen en el proceso de que se trate.
Frente a estas perplejidades es necesario que externemos nuestro parecer en relación a la función de los jueces en una sociedad  democrática.
El sistema de justicia   se conforma por una diversidad de órganos o subsistemas, los cuales funcionan en diversos órdenes, a veces sin relacionarse y otras veces en íntima conexión. Se encuentra compuesto,  primordialmente, por los Jueces del orden judicial,  el Ministerio Público y la Policía Nacional. Cada uno tiene encomendada funciones distintas, pero que se interrelacionan de manera tal, que  el objeto del juicio se refiere a los hechos previamente investigados por el Ministerio Público y la Policía.
La Policía Nacional tiene dos funciones esenciales: por un lado, tiene una función preventiva mediante la cual procura prevenir la comisión de infracciones mediante labores de vigilancia y de organización. Por otro lado, tiene una función de policía judicial que le otorga la responsabilidad de investigar, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, los crímenes y delitos que se comenten en el seno social y someter a los responsables ante un tribunal para que éste  resuelva respecto de la imputación formulada.
El artículo 69 de la Constitución de la República, promulgada el 26 de enero de 2010, confiere al  Ministerio Público, la función de implementar la política criminal del Estado, al tiempo que le encarga dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.  Esta disposición armoniza con lo que al efecto dispone el artículo 88 del Código Procesal Penal, que con más detalle establece que a este funcionario le corresponde dirigir la investigación, recabar las pruebas para determinar la ocurrencia del hecho punible y su responsable.
Como se puede inferir, la función que lleva a cabo tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público luego de cometido el hecho criminoso, son de persecución del crimen, con la finalidad de someter a los autores a que  sean juzgados de conformidad con lo que determina la ley.
También en relación a la administración de justicia, el artículo 149 de la Constitución ha dispuesto que esta se administre por el Poder Judicial. El ejercicio de este poder, como resulta claro a partir del mismo texto,  corresponde a todos los jueces del orden judicial. Esta función consiste en  decidir respecto de los conflictos surgidos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.
En el ámbito penal, el legislador ha separado nítidamente las funciones de juzgar, que corresponde a los jueces, de aquellas de investigación y persecución que corresponde al Ministerio Público y a la Policía Nacional. De manera, que no puede el juez realizar actos que impliquen el ejercicio de la acción penal, ni el Ministerio Público puede realizar actos de naturaleza jurisdiccional.

En el proceso penal los jueces no están facultados para buscar pruebas respecto de la culpabilidad de los imputados. Estas pruebas deben ser exigidas por el juzgador a la parte acusadora, sea el Ministerio Público o el acusador particular. La función de los jueces se encuentra limitada a verificar si los hechos imputados por el acusador han sido probados de manera legal y sólo entonces podrá dictar sentencia de condena. No pudiendo, en estos casos, ceder ante la presión social o de la  opinión pública, pues ninguna mayoría, por amplia que sea puede dar legitimidad a una condena de un inocente o a la absolución de un culpable.
Para que un sistema de procuración y administración de justicia penal funcione en un Estado de derecho no significa que deba favorecer la impunidad  o que sea débil. Es indispensable  que sea eficiente para probar en juicio los hechos imputados  y así lograr el castigo del delito en todos los casos en que establezca la ley. Mucho más necesaria es esta eficiencia cuando se trata de crímenes particularmente graves, como los crímenes violentos contra las personas, aquellos referidos a criminalidad organizada o  en los de corrupción en todos los órdenes.  Es necesario considerar, empero, que esta persecución debe llevarse a cabo  dentro de los ámbitos de actuación fijados por el Estado y dentro de los roles que la ley otorga a los diversos actores y en respeto a las normas de garantías que reglamentan y limitan búsqueda de la prueba de culpabilidad.

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